De Napster a Suno: la RIAA desempolva su viejo manual a cámara rápida
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En pleno auge de Napster, la RIAA enviaba a un joven abogado llamado Mitch Glazier a los campus universitarios para disuadir a los estudiantes de usar programas P2P. En una de esas charlas le tocó intervenir justo después de Chuck D, un apasionado defensor de compartir archivos en la red. Convencido de que se llevaría una sonora pitada, Glazier subió al escenario con una bolsa de basura en la cabeza. Hoy preside y dirige la propia RIAA, y rememoró aquella escena el 9 de noviembre de 2026 durante su paso por Decoder, el podcast de The Verge conducido por Nilay Patel. Patel, por su parte, reconoce que estudió Derecho especializado en copyright precisamente por el impacto de Napster, e incluso defendió en su momento a estudiantes demandados por usar Kazaa.

Image: The Verge / Photo: RIAA
La charla deja un documento histórico fascinante: el fiscal de la guerra del P2P y uno de los letrados que defendió a los usuarios coinciden ahora en que el enemigo común son las empresas de inteligencia artificial. Según Glazier, la gran diferencia radica en que durante la era Napster la industria y los aficionados estaban enfrentados, mientras que frente a la IA «estamos remando más o menos en la misma dirección».
Una afirmación que conviene poner en cuarentena. Es la segunda vez en un cuarto de siglo que la misma asociación gremial se planta en seco frente a una ola tecnológica arrolladora. La pregunta clave no es si la RIAA ha cambiado de bando en la batalla cultural, sino si realmente aprendió cómo terminan estos pulsos y a quiénes se suele dejar atrás por el camino.
Qué consiguió realmente la ofensiva judicial de los 2000
El primer reflejo de la RIAA contra las redes de intercambio de archivos fue llevar a juicio a los propios usuarios. Cuando canceló la ofensiva, la campaña había arrastrado a más de 35.000 estadounidenses a lo largo de más de cinco años, según los registros de la Electronic Frontier Foundation. Patel detalló en la entrevista la cruda realidad desde el lado de la defensa: los campus entregaban las direcciones IP de sus alumnos, la industria les exigía pactar indemnizaciones de unos 5.000 dólares y los chavales acababan trabajando «un semestre entero en una pizzería» para costear el acuerdo.
Cuando la RIAA cerró ese capítulo a finales de 2008, la EFF sentenció la maniobra con dureza: las demandas «no frenaron el intercambio no autorizado de archivos ni sirvieron para que un solo artista viera un centavo». Las discográficas pasaron entonces a una estrategia de «respuesta gradual» a través de las operadoras —avisos y eventuales cortes o reducciones de velocidad—, lo que la EFF denunció como una privatización del debido proceso en manos de los proveedores de internet. (La EFF fue la principal organización civil que combatió esa campaña; sus cifras proceden del seguimiento de las causas y sus conclusiones reflejan su postura institucional).
Lo que de verdad reflotó el negocio no fueron los tribunales, sino las licencias comerciales. Apple abrió la iTunes Music Store el 28 de abril de 2003, poniendo a la venta legalmente los catálogos de las grandes discográficas a 99 centavos por tema; poco después llegaría el streaming bajo suscripción. Para 2025, el negocio de la música grabada en Estados Unidos alcanzó la cifra récord de 11.540 millones de dólares en ingresos mayoristas, procediendo el 55,3% exclusivamente de las suscripciones de pago, según los propios balances de cierre de año de la RIAA.
Glazier extrae una lección todavía más reveladora de otro frente: YouTube. Aunque Google ganó su batalla judicial sobre el contenido subido por los usuarios, prefirió desarrollar Content ID y cerrar acuerdos de licencia de todos modos, consciente de que el público estaba allí y de que la música resultaba imprescindible para el servicio. «Puedes ganar el juicio y perder el negocio», resumió. Bajo su prisma, cualquier tecnológica que logre una victoria jurídica en materia de propiedad intelectual pero carezca de alianzas con los titulares de derechos acabará ofreciendo un producto mediocre.
Esa única frase resume casi todo lo que la industria discográfica está haciendo hoy frente a la IA.
La misma partitura, pero a cámara rápida
Basta comparar los calendarios. Napster nació en 1999 y la primera tienda digital masiva tardó unos cuatro años en consolidarse. Con los generadores de música mediante IA, el reloj corre a otro ritmo:
- Junio de 2024: Universal, Sony y Warner, bajo la batuta de la RIAA, demandaron a Suno y Udio acusándolas de entrenar sus modelos con fonogramas protegidos sin autorización. Glazier declaró entonces que «copiar la obra de toda una vida de un artista» sin permiso ni remuneración no era de recibo (Los Angeles Times).
- Octubre y noviembre de 2025: Universal firmó la paz con Udio; Warner hizo lo propio con Udio y Suno. En el acuerdo entre Warner y Suno, la plataforma aceptó retirar paulatinamente sus modelos vigentes en favor de otros entrenados con licencias, además de limitar las descargas exclusivamente a usuarios de pago mediante cuotas (The Hollywood Reporter).
- 2026: Las licencias se generalizaron. Según una crónica de Los Angeles Times de septiembre de 2026, Udio pactó con Merlin y Kobalt; Suno cerró acuerdos con BMG y Believe, lanzando sus primeros modelos basados en música autorizada; y Spotify selló alianzas en materia de IA con Universal y Merlin.
Paralelamente, la maquinaria judicial sigue en marcha. La misma información desvela que Sony presentó una segunda demanda contra Udio por más de 30.000 grabaciones, mientras que Sony y Universal llevaron de nuevo a Suno a los tribunales alegando que su modelo más reciente continúa cometiendo infracciones. Es decir, Universal licencia su catálogo a Udio y Spotify a la vez que litiga contra Suno.
La maniobra replica exactamente la de la era Napster, solo que con un tempo acelerado: recurrir a los tribunales para sentar el principio de exclusividad y, acto seguido, licenciar el catálogo bajo las condiciones impuestas al calor del litigio. El propio Glazier reconoció la estrategia: el proceso contra Suno busca «garantizar que los derechos queden asegurados» para que luego «el mercado se desarrolle a partir de ahí».
El propósito de estos pactos también queda a la vista. El acuerdo de Universal con Udio establece un «jardín vallado» donde las canciones no pueden descargarse ni publicarse en otras plataformas; el de Warner con Suno impone topes a las descargas. Aunque Glazier afirma desconocer la letra pequeña porque la RIAA representa a sellos competidores entre sí, justificó el planteamiento como una barrera contra la «devaluación»: las licencias otorgan a los titulares el poder de impedir que la música sintética inunde los mismos servicios de streaming donde compiten las grabaciones humanas.
La conclusión es evidente: esta ronda de litigios busca fijar precios más que imponer castigos. En 2003, la industria llevó a juicio a sus propios clientes y no sacó nada limpio; en 2024 atacó a empresas respaldadas por capital riesgo con capacidad económica para negociar. El blanco ha cambiado, y esa es la auténtica lección aprendida.
Las tres líneas rojas de Glazier
Durante la conversación, Glazier desgranó la postura de la RIAA sobre los tres grandes frentes que marcarán el futuro de la música generada por IA.

Mitch Glazier on The Verge's Decoder (video still)
El entrenamiento de los modelos. La tesis jurídica de la RIAA pivota sobre el cuarto factor del uso legítimo (fair use): el perjuicio económico sobre la obra original. Glazier sostiene que la música de Suno «compite en la misma plataforma, codo a codo con la música creada por personas», cobrando la misma suscripción, lo que la convierte en un producto sustitutivo y no en una creación transformadora. Marcó distancias con los precedentes del buscador y el escaneo de libros de Google, donde la justicia determinó que crear un índice ayuda a descubrir la obra en lugar de canibalizarla. Hasta la fecha, los tribunales no se han pronunciado sobre el uso legítimo en el terreno musical.
El etiquetado obligatorio. Para Glazier, clasificar las pistas es la solución inmediata y debe aplicarse al detalle. En julio de 2026, la RIAA, la IFPI, la Recording Academy y SAG-AFTRA, entre otras entidades, presentaron un sistema voluntario de etiquetado por pista con dos categorías: «AI-Generated» (generada por IA) y «AI-Assisted» (asistida por IA). Su adopción no es obligatoria para las plataformas: Deezer aplaudió la iniciativa sin comprometerse en firme, y la Digital Media Association, portavoz de los principales servicios de streaming, se limitó a señalar que sigue el proyecto «muy de cerca».
Glazier afeó a Spotify que relegue los avisos de IA a la ficha de créditos —«¿cuánta gente consulta los créditos?»— e insistió en que el aviso debe figurar junto al tema. Su reflexión más directa apuntó al origen de estas pistas: la música totalmente generada por IA proviene del ecosistema amateur e independiente, no de las discográficas, por lo que el verdadero embudo reside en agregadores como DistroKid o TuneCore. «El problema de la música íntegramente sintética, que es un fenómeno independiente, es responsabilidad de los distribuidores», afirmó. Esto aclara las presiones recientes del sector sobre estas distribuidoras, incluidas las retiradas masivas en DistroKid que ya analizamos en este blog. Glazier aseguró además que las herramientas de detección para pistas 100% sintéticas funcionan con alta precisión, citando la baja tasa de falsos positivos de Deezer; según datos de la propia Deezer, las subidas generadas por IA alcanzaron un pico de unas 90.000 canciones diarias en junio de 2026, lo que representa más de la mitad de todo el catálogo que recibe al día.
Voz e imagen de los artistas. Glazier recordó que en Estados Unidos no existe un derecho federal que proteja la propia voz o la imagen personal, y que la mayoría de leyes estatales sobre derecho a la propia imagen solo cubren el uso publicitario o promocional. La respuesta del sector es la ley NO FAKES Act, cuyo texto revisado se presentó en mayo de 2026. Glazier la definió como un nuevo derecho de propiedad intelectual más próximo a la marca registrada que al copyright, con un sistema de retirada de contenidos que corrige los fallos de la DMCA: multas frente a reclamaciones falsas, procedimiento de contraaviso y una vía judicial ágil para que «sea un juez quien dirima la cuestión constitucional, porque nadie quiere que sean las plataformas las que interpreten la Constitución».
Las grietas de la analogía
Comparar la situación actual con la transición de Napster a iTunes resulta una narrativa muy cómoda para la RIAA, pero cojea en al menos tres aspectos clave.
En primer lugar, la IA generativa no equivale a piratería. Napster distribuía copias idénticas de archivos de audio. La IA generativa analiza y copia obras durante su fase de aprendizaje para producir contenidos nuevos que pueden o no parecerse a un tema específico. Por esa razón el debate se dirime bajo el paraguas del uso legítimo y no como una infracción directa de reproducción; de hecho, la comparación con el litigio de Google Books juega en contra de la patronal, ya que Google venció en los tribunales. Que los acuerdos de licencia desactiven la urgencia judicial para las tecnológicas firmantes no zanja el fondo jurídico del asunto.
En segundo lugar, asegurar que «todos remamos en la misma dirección» es una quimera. Glazier aseguró que la tramitación de la NO FAKES Act sentó en la misma mesa a OpenAI, YouTube y organizaciones como Public Knowledge. Sin embargo, en junio de 2026, la propia Public Knowledge se alió con la EFF, la ACLU y el Center for Democracy & Technology en una carta dirigida al Comité Judicial del Senado instando a frenar el proyecto tal como estaba redactado. La EFF denunció que la norma hereda «los peores vicios» del mecanismo de notificación y retirada de la DMCA, imponiendo sanciones de hasta 750.000 dólares por obra que forzarían a las plataformas a censurar primero y comprobar después. También alertó de que este nuevo derecho sobre la réplica digital podría ser cedido mediante licencia en perjuicio de los propios creadores a los que pretende proteger. La académica Jennifer Rothman, experta en derechos de imagen, reconoció que la revisión de finales de junio suponía una «notable mejoría», pero advirtió de que todavía valida licencias sobre la réplica digital de personas vivas por hasta diez años y recordó que el texto nació a la medida de los intereses de las multinacionales discográficas. La propuesta superó la fase de comisión y aguarda en el calendario del pleno del Senado, aún sin fecha para su debate.
En tercer lugar, los intereses de las discográficas y los de los artistas raramente coinciden. Aunque la RIAA representa formalmente a las grandes compañías, Glazier sostiene que los objetivos de sellos y músicos concuerdan «el 90% de las veces». El modelo de licencias de IA es precisamente donde aflora el 10% restante. La American Federation of Musicians ha demandado a Universal y Warner acusándolas de licenciar temas a Suno y Udio en los que intervinieron sus afiliados sin pagarles nada. El 22 de junio de 2026, un total de 31 organizaciones de compositores, intérpretes y mánagers —entre ellas Music Artists Coalition y Featured Artists Coalition— firmaron un manifiesto conjunto rechazando que se incluya por defecto la música en acuerdos de IA sin consentimiento explícito (Music Business Worldwide). Por su parte, varios artistas independientes han iniciado demandas colectivas; el cantante de country Tony Justice denunció en su querella que los creadores independientes se quedaron «sin voz ni voto» en los pactos fraguados por las multinacionales (Billboard).
Las declaraciones de los afectados no dejan lugar a dudas. «La tecnología es novedosa, pero la codicia corporativa es la de siempre», declaró a Los Angeles Times Damon Krukowski, músico y portavoz legislativo de United Musicians & Allied Workers. Drew Silverstein, de BandLab, lo resumió de forma más comedida: «Que un sello cierre un acuerdo no significa necesariamente que el artista haya podido elegir». A día de hoy se desconoce la letra pequeña de todos estos convenios, incluido qué porcentaje económico recibirán realmente los músicos.
Aquí es donde el paralelismo histórico se vuelve en contra de la patronal. El streaming salvó las cuentas de la industria discográfica, pero abrió una década de quejas constantes por la precaria retribución a los creadores. El propio Patel lo puso sobre la mesa al expresar su temor de que la clase media de la música termine «completamente desmantelada». Si los pactos sobre IA repiten ese esquema, el sector habrá perfeccionado el arte de domesticar a un agente disruptivo para convertirlo en cliente de pago, pero seguirá suspendiendo la asignatura de repartir la riqueza generada.
Un lobby modesto frente a gigantes tecnológicos
Un detalle de la entrevista ayuda a entender la verdadera correlación de fuerzas. Glazier explicó que la RIAA opera con solo 46 empleados y un equipo de tres lobistas, dentro de un sector discográfico estadounidense que facturó unos 11.000 millones de dólares al por mayor el último año; frente a eso, una sola empresa de inteligencia artificial puede alcanzar los dos billones de dólares en capitalización bursátil. El auténtico capital de la RIAA, argumentó, no son los fondos económicos sino los propios músicos: «mensajeros en los que la sociedad confía».
Esta enorme disparidad explica por qué las discográficas prefieren articular las reglas del juego mediante acuerdos y estándares privados (etiquetado, metadatos DDEX o filtros en las distribuidoras) y reformas legislativas puntuales, buscando siempre el apoyo de la opinión pública. La apuesta de Glazier se apoya en el criterio del oyente: confía en que, una vez blindados los derechos, los aficionados seguirán pagando por la conexión emocional con un artista de carne y hueso, y el etiquetado les dará las pistas para elegir. De hecho, traza una clara frontera entre la música 100% sintética, que cree que el público rechazará a largo plazo, y las obras asistidas por IA, que a su juicio terminarán asumiéndose con la misma naturalidad que los sintetizadores o el Auto-Tune.
Que esa predicción se cumpla está por ver. Patel le rebatió señalando que los usuarios de Spotify llevan tiempo consumiendo música de relleno y clones sintéticos sin marcharse a otras aplicaciones, y Glazier admitió que la reacción de Spotify ante el problema «probablemente esté siendo un poco lenta».
Lecciones aprendidas y cuentas pendientes
Frente a los errores de la era Napster, la RIAA tiene claras dos lecciones: ya no persigue a los usuarios particulares sino a empresas con músculo financiero suficiente para pagar, y salta a la mesa de negociación mucho más rápido, utilizando las demandas judiciales como palanca comercial para moldear el nuevo mercado en lugar de intentar frenarlo.
Sin embargo, la asignatura pendiente sigue siendo la misma que hace dos décadas. Las licencias se firman a puerta cerrada entre grandes compañías, las condiciones son confidenciales y los músicos de sesión, intérpretes y compositores cuyo trabajo sirvió para entrenar a las máquinas siguen reclamando desde fuera consentimiento y una retribución digna. El discurso de Glazier de que la industria y los fans «reman en la misma dirección» puede sostenerse mientras el combate sea contra la IA no autorizada. Si seguirá teniendo sentido tras la firma de los acuerdos dependerá de una letra pequeña que, por ahora, nadie ajeno a los despachos ha podido leer.
Fuentes
- Artículo original: Nilay Patel, «Hold up — I had a great time talking to the RIAA guy», The Verge / Decoder, 9 de noviembre de 2026; transcripción de la entrevista y procedencia de todas las declaraciones de Glazier y Patel no atribuidas expresamente a otros medios.
- Electronic Frontier Foundation, «RIAA v. The People Turns from Lawsuits to 3 Strikes», diciembre de 2008; alcance de la campaña judicial, transición al control vía operadoras y conclusiones de la EFF.
- Apple, «Apple Launches the iTunes Music Store», 28 de abril de 2003; fecha oficial de lanzamiento.
- Billboard, «U.S. Recorded Music Revenue Hit $11.5B in 2025», marzo de 2026; balance de ingresos mayoristas publicado por la RIAA.
- Los Angeles Times, «The RIAA, villain of the Napster era, turns its sights on AI firms», 7 de agosto de 2024; valoraciones de Glazier en 2024 sobre Suno y Udio.
- The Hollywood Reporter, «Warner Music Group Settles Lawsuit With AI Music Platform Suno», noviembre de 2025; condiciones del acuerdo, límites a las descargas y situación del resto de procesos.
- Cerys Davies, «Why some musicians aren't happy about labels signing AI deals with platforms», Los Angeles Times (vía AOL), 21 de septiembre de 2026; acuerdos comerciales de 2026, demanda del sindicato AFM, continuidad de los litigios de Sony y Universal y declaraciones de Krukowski y Silverstein.
- Variety, «RIAA, Grammys, SAG-AFTRA and Other Groups Launch New Labeling Program for AI Music», 10 de julio de 2026; categorías de etiquetado y postura de las plataformas de streaming.
- TechCrunch, «Music streamer Deezer says more than 50% of daily uploads are AI-generated», 21 de julio de 2026; volumen de canciones sintéticas reportado por Deezer.
- Electronic Frontier Foundation, «The NO FAKES Act Could Silence Satire, Commentary, And News», junio de 2026; carta de las organizaciones civiles y críticas al régimen de retiradas y a la cesión del derecho de imagen.
- Jennifer Rothman, «NO FAKES Revised, Mostly Improved, and Put on Senate Calendar», Rothman's Roadmap to the Right of Publicity, 2026; estado de la tramitación parlamentaria y análisis de los plazos de licencia.
- Billboard, «AI Class Action Lawsuit: Singer Sues Suno & Udio For Indie Artists», junio de 2025; demandas colectivas promovidas por creadores independientes.
- Music Business Worldwide, «Irving Azoff's Music Artists Coalition among 31 groups warning against 'misuse' of artist and songwriter rights in AI deals», 22 de junio de 2026; carta abierta de las 31 asociaciones contra la inclusión automática en acuerdos de IA.