Tras la ola azul: quién tiene ahora la última palabra sobre la IA musical en EE. UU.

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Pocas previsiones habían descontado un golpe así en las urnas. El 3 de noviembre de 2026, los demócratas le dieron la vuelta a siete escaños republicanos en el Senado, al menos dos docenas de distritos en la Cámara de Representantes y cinco gobernaciones, según el recuento de CNBC con datos de Associated Press. Los republicanos, en cambio, no consiguieron arrebatar ni un solo escaño federal, gobernación ni cámara legislativa estatal. Kansas envió a Washington a su primer senador demócrata desde 1932 y Texas puso fin al mandato del gobernador Greg Abbott.

Dos días después llegó el veredicto de Wall Street. El 5 de noviembre, el índice Nasdaq Composite se dejó en torno a un 5,5 % (UPI; Fox Business cifró la caída en un 5,52 %), en una jornada en la que los analistas vincularon las ventas al temor a una regulación más dura sobre la inteligencia artificial y los centros de datos.

A historic blue wave has broken across the United States. Is there an opportunity for musicians?

«Una ola azul histórica ha recorrido Estados Unidos. ¿Hay aquí una oportunidad para los músicos?». Imagen: Michael Whalen, vía Digital Music News

Una semana después de las elecciones, el compositor y productor Michael Whalen planteó esa misma pregunta en Digital Music News, declarándose «escéptico pero esperanzado». Su artículo desgrana una lista de deseos de diez puntos para encauzar la relación entre la música y la IA: exigir permiso para el entrenamiento comercial, abrir el acceso a los registros de datos utilizados, crear un derecho sobre la voz y la imagen, garantizar el consentimiento informado, reservar a los creadores una parte de los ingresos por licencias, proteger la negociación colectiva, fijar reglas claras de autoría, implantar el etiquetado, exigir responsabilidades por el fraude en streaming y habilitar vías de aplicación asequibles. Es una hoja de ruta sensata, pero una lista de deseos no equivale a un mapa real. Que cualquiera de esas medidas acabe en el contrato de un músico depende menos de qué partido «ganó» que de un puñado muy concreto de nombres propios, comités y plazos en el calendario.

En este análisis trazamos ese mapa: qué cambió de verdad tras el 3 de noviembre, en qué punto están los proyectos de ley que afectan a la música y por qué conviene moderar el optimismo. A lo largo del texto, cada dato verificable enlaza a su fuente original, las opiniones de Whalen se atribuyen explícitamente a él y nuestras propias conclusiones se señalan como tales.

El nuevo reparto de poder en el Congreso: qué cambia y qué sigue atado

Empecemos por los números. Cuando el 120.º Congreso eche a andar en enero de 2027, los demócratas tendrán el control de ambas cámaras. En el Senado rondarán los 54 escaños, a falta de cerrar el escrutinio en Alaska y Misisipi según los últimos recuentos publicados (TechTimes, CNBC).

Sin embargo, hay tres diques estructurales que la ola azul no derriba, y el propio Whalen apunta dos de ellos:

  • El veto presidencial. Donald Trump seguirá en la Casa Blanca hasta enero de 2029. Anular un veto exige una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, una aritmética que los demócratas están lejos de alcanzar.
  • El filibusterismo. La mayoría de los proyectos de ley en el Senado siguen necesitando 60 votos para cerrar el debate. Con 54 escaños, cualquier norma disputada requerirá el apoyo de al menos seis republicanos.
  • El calendario de comités. Todavía no se han asignado las presidencias de los comités del próximo Congreso. Hasta que eso ocurra, nadie puede fijar fecha para debatir ni enmendar un texto.

De hecho, el cambio más decisivo para la política de IA quizá no esté en el recuento de votos, sino en quién empuña el mazo. Con la nueva mayoría demócrata, la senadora Maria Cantwell (demócrata por Washington), hasta ahora líder de su partido en el Comité de Comercio, se perfila para relevar al republicano Ted Cruz (Texas) al frente del órgano con mayor jurisdicción sobre inteligencia artificial, según informa TechTimes. Ambos parten de posturas opuestas en la cuestión que más condicionará la protección de los músicos: si una ley federal de IA debe pasar por encima de las leyes estatales. Cruz sostiene que cualquier estándar nacional tiene que resolver el «mosaico» de normas estatales; Cantwell se ha opuesto sistemáticamente a anularlas.

Última bala para la NO FAKES Act antes de enero

Antes de que tome posesión el nuevo Congreso, la legislatura saliente seguirá activa hasta el 3 de enero de 2027. En esa ventana de cierre se juega la supervivencia del proyecto de ley más avanzado de la industria musical.

La NO FAKES Act de 2026 (S.4591) crearía un derecho federal frente a las réplicas de voz e imagen generadas por IA. (Ya analizamos su encaje técnico al cubrir las retiradas masivas de falsificaciones de Sony Music y las demandas de la ELVIS Act contra Suno; aquí el foco es estrictamente político). El texto superó el Comité Judicial del Senado el 18 de junio y aguarda en el calendario de la cámara. El 30 de septiembre, la senadora republicana Marsha Blackburn (Tennessee) pidió aprobarlo por consentimiento unánime, pero Cruz lo bloqueó (Deadline).

Sobre el papel, la objeción de Cruz no iba contra el fondo de la ley. Según el resumen del diario de sesiones publicado por The AI Musicpreneur, el senador recordó que había votado a favor en comité, pero argumentó que la excepción por parodia «deja la decisión en manos de las grandes tecnológicas» y pidió más tiempo para afinar las garantías de libertad de expresión. El principal impulsor del proyecto, el demócrata Chris Coons (Delaware), zanjó el cruce con una réplica directa: «No debemos dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno».

Una semana más tarde, el presidente de la RIAA, Mitch Glazier, declaró a Billboard que la norma aún tenía «una oportunidad real» en el tramo final de la legislatura, aunque admitió —según el mismo medio— que lo más probable era tener que volver a presentarla en 2027. Incluso si saliera adelante en el Senado durante estas semanas de prórroga, el trámite quedaría incompleto: su réplica en la Cámara de Representantes, la H.R. 8915, sigue paralizada desde que fue remitida al Comité Judicial en mayo.

En este punto, el resultado de las urnas pesa menos de lo que parece. El consentimiento unánime no exige mayoría alguna, solo que nadie levante la mano en contra. Una ola demócrata no evita que un único senador bloquee el texto en diciembre. Nuestra lectura: las opciones de la NO FAKES Act en este cierre de legislatura no dependen de lo ocurrido en noviembre, sino de si el equipo de Cruz y los promotores de la ley logran pactar la redacción sobre parodia.

La paradoja de Marsha Blackburn: menos peso en Washington, más escudo en Tennessee

Hay un resultado de la noche electoral que pesa más para la IA musical que cualquier vuelco en el Senado, y cayó del lado contrario.

Marsha Blackburn ganó la gobernación de Tennessee con cerca del 45,5 % de los votos (WPLN), convirtiéndose en la primera mujer al frente del estado. Hablamos de la principal impulsora republicana de la NO FAKES Act, la defensora más visible de los intereses de Nashville en el Senado y la autora del borrador de la TRUMP AMERICA AI Act que Whalen cita con buenos ojos: una propuesta de marzo de 2026 que declararía explícitamente que entrenar modelos con obras sin autorización no constituye uso legítimo (fair use).

Al asumir el cargo en enero, Blackburn dejará su escaño en el Senado. Su puesto pasará a un senador interino —designado por ella misma como gobernadora— hasta las elecciones de 2028. Como recoge The AI Musicpreneur, Glazier ya había advertido antes de los comicios de que la salida de Blackburn privaría a la ley de su principal valedora republicana dentro de la cámara.

Nuestra conclusión: el movimiento tiene dos caras. En Washington, la industria musical pierde a una aliada veterana con capacidad para redactar leyes justo cuando necesita votos republicanos para llegar a los 60. En Nashville, en cambio, la gobernación de la cuna de la ELVIS Act queda en manos de alguien con todos los incentivos para blindar esa ley estatal frente a cualquier intento federal de anularla. Ninguno de los dos cambios responde a la ola azul, y ambos pueden ser más determinantes que ella.

La batalla por la prevalencia: qué protecciones estatales sobrevivirán en 2027

Para los músicos, la pregunta más práctica no es si el Congreso aprobará una ley federal, sino si esa norma borrará del mapa las leyes estatales que ya los amparan. La ELVIS Act de Tennessee y las leyes sobre réplicas digitales aprobadas por California en 2024 son protecciones reales hoy; los proyectos federales siguen siendo promesas.

Los antecedentes en este terreno dejan poco lugar a dudas:

  • Julio de 2025: el Senado votó 99 a 1 a favor de retirar del proyecto de ley de reconciliación presupuestaria una moratoria de diez años sobre las leyes estatales de IA (TechTimes).
  • Diciembre de 2025: el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que instruía al fiscal general a crear un grupo de trabajo (AI Litigation Task Force) para impugnar leyes estatales de IA en los tribunales y encargaba un proyecto legislativo para anularlas. Las excepciones contempladas cubren seguridad infantil, infraestructura de cómputo y centros de datos, contratación pública estatal y «otras materias por determinar». Ni la voz ni la imagen figuran en la lista, aunque el decreto señala que un marco nacional debe garantizar que «se respeten los derechos de autor».
  • 20 de marzo de 2026: la Casa Blanca publicó su Marco Político Nacional. Según el resumen de la National Governors Association, el documento aboga por una prevalencia federal amplia, pide al Congreso que no interfiera en los tribunales respecto al fair use en el entrenamiento de IA y respalda las licencias colectivas junto con un enfoque federal para las réplicas digitales no autorizadas.

La propia NO FAKES Act incluye una cláusula de prevalencia. Tal como salió del comité rumbo al pleno del Senado, desplazaría con carácter general las demandas estatales sobre réplicas digitales, pero conservaría las leyes estatales vigentes a fecha de 2 de enero de 2025, según análisis jurídicos de Byte Back y Reed Smith. Eso probablemente protegería a estados pioneros como Tennessee y California, pero cerraría la puerta a los que aún no han legislado. (No hemos verificado de forma independiente cómo encajaría cada estatuto estatal concreto bajo la redacción final).

Aquí las elecciones sí tienen un impacto tangible. Los demócratas pasan a controlar la mayoría de las gobernaciones por primera vez desde 2010 y han dado la vuelta a cámaras legislativas en estados como Texas, Wisconsin o Pensilvania (CNBC). En California, el gobernador electo Xavier Becerra (ganador de los comicios) se ha mostrado favorable a regular la IA, aunque sin detallar posturas sobre normas concretas. En Texas, la gobernadora electa Gina Hinojosa centró su campaña en la educación y el coste de la vida, no en la inteligencia artificial. Nuestra conclusión: con una probable presidenta del Comité de Comercio del Senado opuesta a la prevalencia amplia y más gobiernos estatales en manos demócratas, imponer una anulación federal generalizada será mucho más difícil en 2027, y es previsible que sigan llegando proyectos estatales de IA con impacto en la música. Para los artistas, eso se traduce en más protección en ciertos estados y en un mapa regulatorio aún más fragmentado.

Datos de entrenamiento y fair use: un debate que rompe la disciplina de partido

La prioridad número uno de Whalen —exigir permiso para el entrenamiento comercial, respaldado por obligaciones de transparencia— es precisamente el punto donde peor encaja el relato de «ola azul igual a protección musical». En esta cuestión, la grieta atraviesa a ambos partidos.

En un extremo se sitúa la Administración Trump. Su marco de marzo pide al Congreso dejar el fair use en manos de los jueces, y el Departamento de Justicia dio un paso más: en un escrito de posición (Statement of Interest) presentado en el litigio de derechos de autor contra OpenAI en Nueva York, el Gobierno instó al tribunal a considerar el entrenamiento con textos protegidos como un uso legítimo altamente transformador, según recoge Lowenstein Sandler. El documento llegó después de la tercera parte del informe de la Oficina de Derechos de Autor, mucho más prudente y todavía en estado de borrador previo a su publicación desde mayo de 2025; la misma nota jurídica recuerda que el 30 de junio de 2026 el Tribunal Supremo impidió a la Casa Blanca destituir a la directora de la oficina, Shira Perlmutter, mientras continúa el proceso judicial.

En el extremo opuesto aparece una republicana: el borrador de Blackburn, que cerraría por completo la puerta del fair use al entrenamiento sin autorización (CMU). Los proyectos sobre transparencia también cuentan con respaldo bipartidista. La CLEAR Act, presentada en febrero por los senadores Adam Schiff (demócrata por California) y John Curtis (republicano por Utah), obligaría a los desarrolladores a registrar ante la Oficina de Derechos de Autor resúmenes de las obras protegidas empleadas para entrenar sus modelos; Billboard informó del apoyo de la RIAA, la NMPA, la Recording Academy y SoundExchange. Por su parte, la TRAIN Act (S.2455) permitiría a los titulares de derechos requerir judicialmente los registros de entrenamiento. Ninguna de las dos ha salido de comité.

Nuestra lectura: un Senado demócrata mejora las opciones de que la CLEAR Act y la TRAIN Act consigan al menos audiencia en comité, y la propuesta de Whalen de anteponer la transparencia a la responsabilidad civil es políticamente realista. Ahora bien, una ley que exija permiso previo para entrenar chocaría de frente con la postura que la Administración defiende ante los tribunales y se toparía con el veto presidencial. Si algo avanza, será primero la transparencia antes que la responsabilidad.

Cinco motivos para contener el optimismo

Conviene someter la lectura más optimista a varios filtros de realidad.

El partido es un mal indicador en política de IA. A la NO FAKES Act la frenó un republicano, pero también la lidera una republicana; la propuesta más dura contra el fair use salió de filas republicanas; la ofensiva más agresiva por la prevalencia federal partió de una Casa Blanca republicana, y aun así el Senado rechazó la moratoria por 99 votos contra 1. También hay demócratas muy próximos al sector tecnológico: Leading the Future, la mayor red de super PAC de la industria de la IA, financió en este ciclo a 16 candidatos demócratas junto a 34 republicanos, según Fast Company. «Azul» no equivale automáticamente a «a favor de los músicos».

El dinero de la IA no sufrió una derrota rotunda. El balance electoral de la inversión del sector es desigual. Fast Company concluyó que las legislativas no supusieron el varapalo al dinero de la IA que muchos daban por hecho, y Semafor documentó dónde sí surtió efecto. Organizaciones partidarias de regular, como la red Public First —financiada por Anthropic—, han reivindicado la victoria, una interpretación que parte de un actor interesado. La maquinaria de presión que moldeó al 119.º Congreso seguirá intacta en el 120.º.

Los ciudadanos no votaron pensando en la IA. Una encuesta de AP-NORC de octubre mostró que el coste de la vida y la guerra con Irán dominaban las prioridades del electorado para el próximo Congreso, señala TechTimes. Un mandato en las urnas sobre el precio de la cesta de la compra no es un mandato sobre los datos de entrenamiento.

Una caída bursátil no es una ley. El batacazo del 5 de noviembre refleja lo que temen los inversores, no lo que acabará aprobando el Congreso. El propio Whalen advierte que los mercados «pueden cambiar de dirección rápidamente».

El texto de partida es un ensayo de opinión. El artículo de Whalen es una tribuna firmada por un compositor en activo, y no pretende ocultar ese enfoque. Sus diez propuestas son aspiraciones; varias de ellas —como un reparto legal de ingresos por licencias para creadores o la obligación de permiso previo para entrenar— ni siquiera cuentan con un proyecto de ley redactado. Eso sirve bien como agenda reivindicativa, pero poco como pronóstico legislativo.

Qué vigilar a partir de ahora: las fechas que marcarán el partido

Convertir un resultado electoral en cambios visibles en la liquidación de regalías llevará años. Estas son las fechas y decisiones que indicarán si el giro es real o se queda en ruido:

  1. De aquí al 3 de enero de 2027: si la NO FAKES Act consigue salir del Senado por consentimiento unánime y llega a votarse en la Cámara de Representantes. Si no lo logra, el contador vuelve a cero.
  2. Enero de 2027: el reparto de los comités —quién presidirá Comercio y el Comité Judicial del Senado— y a quién envía la nueva gobernadora de Tennessee para ocupar el escaño de Blackburn.
  3. Principios de 2027: la previsible nueva presentación de la NO FAKES Act, la CLEAR Act y la TRAIN Act en el nuevo Congreso, y si algún gran proyecto de IA incluye una cláusula de prevalencia que alcance a las leyes estatales sobre imagen y voz.
  4. Durante todo 2027: los periodos de sesiones en los parlamentos estatales con nueva mayoría demócrata y cualquier ofensiva del AI Litigation Task Force federal contra normas estatales.
  5. En paralelo, sin fecha fija: los tribunales. El pulso sobre el fair use en el entrenamiento se está resolviendo en los juzgados, con el Gobierno federal defendiendo ahora la postura de los desarrolladores de IA.

Whalen propone evaluar los avances en la jornada electoral del 7 de noviembre de 2028, preguntando si los músicos en activo pueden señalar un contrato, una actuación o un pago que haya cambiado gracias a las nuevas reglas. Es la vara de medir adecuada. La ola azul cambió quién sostiene el bolígrafo en el Congreso, pero dejó intactos el umbral de los 60 votos, el poder de veto, el peso de los tribunales y el hecho de que la aliada más influyente que tenía la música en el Senado hace las maletas rumbo a Nashville.

Fuentes