Live Nation responde a la FTC: 260 millones de bots frenados al día y el dilema legal de ser castigados por defenderse

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El 13 de octubre de 2026, semanas después de que la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong denegara su moción de desestimación, Live Nation y Ticketmaster respondieron formalmente a la demanda de la FTC en virtud de la BOTS Act. El texto legal, publicado por Digital Music News, cumple un doble papel contradictorio: articular una defensa en los tribunales y lanzar una ofensiva de relaciones públicas. El choque frontal entre ambos objetivos define todo el caso.

Radiografía del litigio

En 2025, la FTC y siete estados (Colorado, Florida, Illinois, Nebraska, Tennessee, Utah y Virginia) demandaron a ambas compañías acusándolas de permitir de manera habitual que los revendedores superen los topes de entradas fijados por evento, ignorando deliberadamente sus propias reglas de compra. Los reguladores también señalaron la técnica del «drip-pricing»: Ticketmaster mostraba precios atractivos al consumidor que luego se inflaban en el checkout con comisiones imprevistas. Según recogió Billboard sobre el fallo del 28 de septiembre, los intermediarios operaban con cientos y hasta miles de cuentas ficticias, mientras Live Nation y Ticketmaster decidieron presuntamente recortar, descatalogar o no implantar herramientas capaces de frenar este abuso.

La BOTS Act prohíbe explícitamente a cualquier persona eludir medidas de seguridad, controles de acceso u otras barreras técnicas que los emisores utilicen para hacer respetar los límites de venta. Además, extiende la responsabilidad civil a quien participe de forma directa, tenga capacidad de control sobre la maniobra o supiera (o debiera haber sabido) que los boletos se consiguieron infringiendo la ley. La disputa jurídica gira en torno a un matiz clave: si esa definición legal de «persona» abarca a la propia plataforma cuyas restricciones fueron burladas.

Al rechazar la solicitud de archivo, la jueza Frimpong ya inclinó la balanza hacia los demandantes: «La BOTS Act no excluye a las plataformas de afrontar responsabilidades, y este tribunal no va a interpretar la ley en ese sentido», dictaminó según informó Billboard.

Las dos caras de la defensa

La primera versión es la que Live Nation vende de cara a la galería. La compañía sostiene que casi cualquier avance tecnológico relevante contra los bots y el acaparamiento masivo de entradas ha salido de sus propios laboratorios o de los de Ticketmaster. De hecho, afirman haber detectado y bloqueado cerca de 260 millones de intentos automatizados al día durante el último año. Su lectura histórica es que el Congreso redactó la BOTS Act para perseguir a los revendedores que revientan las barreras técnicas y dejan a los seguidores sin opciones, no para castigar a las ticketeras. Bajo este prisma, la demanda estaría penalizando a Ticketmaster por no lograr una barrera absolutamente infalible en sus servicios, castigando a la víctima por las grietas de su propio escudo.

La segunda cara, sin embargo, surge de las pruebas documentales del proceso. El auto judicial citado por Billboard desvela correos internos de Ticketmaster donde se abordaba la decisión de «hacer la vista gorda como política de empresa». La jueza permitió seguir adelante con la causa apoyándose en indicios de que la compañía descartó herramientas que sabía que funcionaban. Parar 260 millones de ataques diarios y tener una directiva interna de mirar hacia otro lado parecen realidades incompatibles, pero la tesis de la FTC es que conviven en el mismo negocio. En su contestación, Live Nation no desmiente esa cifra astronómica de bloqueos: lo que niega es que tuviera la obligación legal de bloquear aún más o de aplicar los límites de compra con mayor dureza. Ambas posturas encajan jurídicamente, y esa misma compatibilidad es lo que denuncia el gobierno.

El argumento más afilado de su escrito parece redactado pensando exclusivamente en el criterio judicial y no en los titulares:

«Bajo la interpretación de la Comisión, por el contrario, cualquier nueva medida contra el fraude o límite de entradas que Ticketmaster implemente pasa a ser una fuente de responsabilidad legal potencial cada vez que un revendedor decidido consiga sortearla… Las plataformas se verán empujadas a abandonar los controles preventivos o los límites de compra, allanando de forma exponencial el camino a los acaparadores y obligando a los aficionados, artistas y recintos a asumir el coste».

El dilema técnico y legal es de calado: si cada nuevo parche de seguridad genera una contingencia jurídica para la empresa si alguien lo vulnera, el camino legal más seguro para cualquier servicio sería desmantelar las barreras y no fijar límites. Como recalca la propia respuesta, la inacción total dejaría «nada que los revendedores pudieran eludir», reduciendo el riesgo normativo a costa del usuario. Así leída, la postura de la FTC incentivaría de forma perversa a las plataformas que menos se esfuerzan.

Aun así, el caso sigue vivo por el contraargumento de la fiscalía. La FTC no exige defensas mágicas ni penaliza fallos técnicos aislados; persigue el descarte consciente de soluciones eficaces ya desarrolladas, las herramientas desactivadas adrede y la doctrina corporativa de la pasividad. Quien implementa defensas y falla por pura limitación técnica estaría a salvo; quien tiene la tecnología lista para frenar el fraude y decide no activarla, no. Para las autoridades, esos 260 millones de bloqueos diarios demuestran capacidad operativa de sobra, no una conducta diligente.

Fricción institucional y política

El choque ha escalado fuera del ámbito mercantil. Varios legisladores presentaron un escrito amicus curiae contra la moción de desestimación de Live Nation: los mismos autores del texto legal explicándole al tribunal su verdadero alcance frente a la empresa afectada. Por si fuera poco, la fase de instrucción ha salpicado al propio Senado: los senadores Marsha Blackburn y Ben Ray Luján han recurrido los requerimientos de información del gobierno alegando que la solicitud vulnera la cláusula de inmunidad parlamentaria (Speech or Debate Clause), carece de relevancia material y choca con la inmunidad soberana. Lo que nació como una demanda de consumo ya roza un conflicto entre poderes del Estado.

El calendario judicial apunta a largo plazo: mientras la acusación calcula que el juicio arrancará hacia abril de 2028, la defensa apunta a octubre de ese mismo año. Sea cual sea el desenlace, el caso de la BOTS Act se resolverá muchos años después de los hechos analizados.

Puntos clave a seguir

En su escrito de réplica, Ticketmaster insiste en su transición hacia los precios cerrados o «all-in pricing», lo que supone una concesión tácita respecto a la acusación por cargos ocultos y deja entrever su flanco más vulnerable. En el terreno estricto de la BOTS Act, todo dependerá del rastro documental: qué sistemas estaban programados, quién dio la orden de no desplegarlos y qué dicen exactamente las comunicaciones internas. La prensa ya ha desvelado fragmentos comprometedores y la FTC parece tener más material en la recámara. La narrativa pública de Live Nation —el gigante incomprendido que frena millones de ataques al día— seguirá chocando con su estrategia en sala: insistir en que hacer cumplir los topes de entradas nunca fue su cometido legal. Quedan dos años para el juicio, pero la batalla por las pruebas ya ha empezado y promete no ser nada silenciosa.

Fuentes