Seis años de litigio y un apretón de manos: el juicio entre Chance the Rapper y su exmánager termina con 35 dólares del jurado y 1,5 millones del juez

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La interminable y compleja disputa judicial entre Chance the Rapper (Chancelor Bennett) y su antiguo representante Pat Corcoran («Pat the Manager») ha tocado a su fin con un desenlace digno de manual de derecho sobre el valor real de un acuerdo verbal. En marzo, un jurado de Chicago concedió a Chance apenas 35 dólares. Ahora, el juez James E. Hanlon Jr. le ha otorgado potencialmente 1,5 millones de dólares más basándose en una doctrina jurídica totalmente distinta (según recoge Digital Music News).

Primer asalto: el jurado no ve contrato y fija una indemnización de 35 dólares

El conflicto estalló en 2020. Corcoran demandó al músico exigiendo 3,8 millones de dólares por comisiones impagadas; sostenía que al inicio de la carrera del artista pactaron de palabra un 15%, acuerdo que incluía una cláusula de extinción progresiva de tres años tras una hipotética ruptura. Nunca firmaron documento alguno (como detalló Billboard en su momento). En 2021, Chance contraatacó con una contrademanda por un millón de dólares en la que denunciaba acuerdos mal gestionados, comisiones ilícitas encubiertas y más de 300.000 dólares en cobros indebidos.

Durante la vista oral de marzo, según la cobertura judicial de Billboard, Robert D. Sweeney, abogado de Corcoran, articuló su alegato en torno a la traición: «Esta es la historia de alguien que alcanza el éxito y olvida el esfuerzo que costó llevarlo hasta ahí». Para sostener su tesis sacó a relucir el palmarés cosechado bajo la tutela de Corcoran —125 semanas de Coloring Book en el Billboard 200 y tres premios Grammy— frente al discreto paso de Star Line tras la separación, que apenas aguantó una semana en listas. «Puedes tener un talento descomunal, pero sin las personas adecuadas a tu lado, el resultado es evidente».

El argumento no convenció al jurado popular. Desestimó en su totalidad el reclamo de comisiones de Corcoran y dio la razón a Chance en su contrademanda, fijando una compensación testimonial de 35 dólares. Jay Scharkey, del equipo legal de Corcoran, intentó amortiguar el golpe presentándolo como una lección para el sector: «Aceptamos el veredicto, pero el aviso para cualquier mánager es rotundo: ponedlo todo por escrito. Esos 35 dólares reflejan el escaso peso que el jurado otorgó a las quejas de Chance». Precious Jacobs-Perry, abogada del rapero, calificó el resultado de «reparación absoluta».

Segundo asalto: el tribunal destapa beneficios opacos

La resolución dictada en octubre por el juez Hanlon retomó el caso justo donde lo dejó la cifra simbólica del jurado, trasladando el foco al ámbito de la equidad procesal. Mientras que el tribunal popular evaluó exclusivamente contratos e impagos, el juez analizó el deber fiduciario. Sus conclusiones fueron contundentes y milimétricas:

«Corcoran quebrantó sus obligaciones fiduciarias. Su empresa de merchandising cobró comisiones a los propios proveedores de Bennett aplicadas a los pedidos del propio Bennett, lo que constituye un lucro secreto encubierto. Corcoran actuaba como mandatario y fiduciario de Bennett: adquiría bienes y contrataba servicios con el dinero de Bennett, trataba con proveedores en nombre de Bennett y fijaba su postura frente a terceros que Bennett jamás llegó a conocer. En ese marco le debía lealtad y absoluta transparencia; rigen plenamente las prohibiciones sobre beneficios secretos y conflictos de interés».

De acuerdo con la resolución recogida por DMN, Corcoran está obligado a devolver todas esas comisiones y recargos opacos —que los representantes del artista calculan en torno a 1,5 millones de dólares—, si bien el magistrado desestimó los daños punitivos de mayor cuantía que reclamaba el rapero. Desde el entorno de Corcoran replican que «el tribunal determinó que la exigencia de Chance de más de 10 millones de dólares carece por completo de fundamento» y destacan que el fallo reconoce que Pat «prestó años de trabajo de enorme valor, aceptado y aprovechado por Bennett sin incurrir en deslealtad», lo que obligará al músico a acreditar perjuicios reales «en los supuestos muy concretos de merchandising fijados en el auto».

Por qué el fallo de fondo pesa mucho más que las cifras

La combinación de ambos fallos marca una frontera fundamental que se repite en casi cualquier pleito contemporáneo entre artistas y representantes: qué parte correspondía a una promesa y qué parte era una obligación legal inexcusable.

Los 35 dólares del jurado evidenciaron que las promesas sin soporte documental son papel mojado: sin un contrato por escrito resulta imposible acreditar porcentajes, plazos de liquidación posterior o acuerdos verbales. Ese dictamen blindó a Chance frente al pago de los 3,8 millones. Al mismo tiempo, el jurado tampoco quiso castigar con dureza la supuesta mala praxis de Corcoran. Dos socios, un apretón de manos y ningún documento: el tribunal vino a decir que el pacto equivalía a lo que cada uno recordase, y la memoria siempre es subjetiva.

Por contra, los 1,5 millones impuestos por el juez demuestran que las responsabilidades de fondo existen al margen de cualquier papel. El deber fiduciario no nace de un redactado contractual, sino de la naturaleza misma del encargo. Cuando un agente negocia en nombre de su representado, administra su patrimonio y cobra mordidas a espaldas del artista de los proveedores que este financia, vulnera un principio elemental que no requiere firma previa. Es la doctrina jurídica del lucro secreto (secret profits), pilar histórico del derecho de agencia. El argumento defensivo de Corcoran —años de dedicación impecable y resultados acreditados— resulta irrelevante frente a esto: un mánager puede haber hecho un trabajo excelente y, aun así, tener la obligación legal de reintegrar hasta el último céntimo obtenido en la sombra.

Para la escena independiente —terreno en el que Chance forjó su leyenda al conquistar tres Grammy sin el respaldo de una multinacional— la moraleja encierra una doble lectura. El pacto de palabra que le ahorró someterse a las ataduras de un sello discográfico fue el mismo vacío documental que complicó resolver la ruptura con su mánager. «Ponedlo todo por escrito», señaló el propio letrado de Corcoran, acaso la única afirmación en la que ambas partes coinciden. Los 35 dólares fueron el precio de no haber firmado a tiempo; el millón y medio marca el listón mínimo que la ley exige por defecto.

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